La muerte de 500 trabajadores en una fábrica Bangladesh plantea un debate sobre normas laborales.
Mientras expertos buscan pistas entre los restos de lo que fue el edificio ‘Rana Plaza’, cuyo derrumbe en Savar, cerca de la capital de Bangladesh, dejó más de 500 muertos, la Red Internacional Ropa Limpia, una campaña de la organización española Setem por las buenas condiciones laborales, busca etiquetas de marcas occidentales que demuestren su vínculo con las fábricas de ropa que allí operaban.
Más allá del alto costo en vidas, el derrumbe de este edificio dejó en entredicho las condiciones en que reconocidas marcas de ropa contratan a empleados en Bangladesh y otros países, como India y Pakistán. Los bajos costos de la mano de obra en esas latitudes solo son superados por sus principales competidores, las líneas de producción chinas.
¿Qué tan bajos? Según la ONG Oxfam Internacional, el salario mínimo en Bangladesh equivale, desde 2010, a unos 38 dólares por mes . Esto, después de que ese año se aprobó un aumento del 45 por ciento. En la industria de las confecciones en ese país hay alrededor de 5.400 empresas que en 2012 exportaron 19,1 billones de dólares, en su mayoría a Europa. La producción de estas fábricas representa el 80% de exportaciones de Bangladesh.
‘Explotación peligrosa’
A pesar de los beneficios macroeconómicos que esta actividad genera, Gareth Price-Jones, director de Oxfam en Bangladesh, califica estas prácticas como una “explotación peligrosa”. Agrega que los trabajadores de estas empresas son quienes “pagan el precio” de la ropa ‘barata’ “al arriesgar su vida trabajando en edificios inseguros, durante largas horas, en condiciones terribles y con salarios terribles”. El papa Francisco fue, incluso, más allá y describió la situación de los empleados en Bangladesh como “trabajo esclavo”.
Eva Kreisler, portavoz de Ropa Limpia, le dijo a EL TIEMPO desde Madrid: “La represión hacia los defensores de los derechos de los trabajadores es muy fuerte: sus oficinas han sido destartaladas, los han espiado, han intentado que no sigan ejerciendo su actividad”. Afirma, además, que el gobierno de Bangladesh hace poco al respecto.
El escándalo que siguió a la tragedia salpicó a marcas europeas como El Corte Inglés, Primark, y Benetton, que anunciaron compensaciones y planes para ayudar a los heridos y a las familias de las víctimas. La española Mango dijo no estar involucrada, pero aseguró que realizó un “pedido piloto” en las fábricas. El Departamento de Estado de EE. UU. reconoció que “numerosas firmas estadounidenses y europeas” usaban los servicios de las fábricas afectadas.
Para Ropa Limpia, estas ayudas son un avance, pero no suficiente. Kreisler dijo que estas indemnizaciones pueden dar una solución “cosmética”, pero no son más que “un parche”.
En eso coincide Abdul Quayyunm, de Oxfam en Dacca, quien en diálogo con EL TIEMPO afirmó que estos compromisos no acaban el problema: “Estamos buscando que más firmas indemnicen. Una solución real serían medidas a largo plazo, como mejorar la seguridad en las construcciones”.
La controversia que rodea a la industria de la confección está bien documentada: En el 2005, en la misma ciudad de Savar, el derrumbe de una fábrica de ropa mató a 64 personas. En noviembre del 2012, un incendio en una fábrica textil dejó 112 muertos en Dacca. Organizaciones internacionales estiman que 900 vidas se han perdido en accidentes industriales en Bangladesh desde el 2005.
La situación no es exclusiva de este país. El año pasado, en Karachi (Pakistán), unas 1.000 personas murieron en un incendio. El mismo día, otra conflagración mató a 14 trabajadores vietnamitas en una fábrica de ropa en las afueras de Moscú. Un sindicalista paquistaní declaró que “las fábricas de ropa son tumbas, en lugar de centros de trabajo”. Para Kreisler, “a dicho sindicalista no le faltan razones”.
En medio de la polémica, muchos sugieren que hay que mirar, también, hacia los consumidores. “Al comprar, estamos involucrados, y con la participación viene la responsabilidad”, afirma Price-Jones. En contraste, Ropa Limpia tilda como “irresponsable” culpar al consumidor y recuerda los beneficios “exorbitantes” que obtienen las empresas, que, señala, deberían ser invertidos en mejoras. Con todo, Kreisler cree que los consumidores estarían dispuestos a pagar el excedente, si con ello se garantiza que no habrá más muertes.
