Con personal encubierto, institución empezó a detectar y destituir a miembros vinculados con bandas.
Vestidos como indigentes, drogadictos y hasta en el papel de traficantes de drogas, un grupo especial, conformado por la Dijín y la Dirección de Inteligencia, empezó a buscar pruebas contra los uniformados con nexos con organizaciones ilegales.
Esta técnica, la misma que se utiliza para ubicar a jefes de bandas criminales y narcotraficantes, es una de las que el Centro de Inteligencia de Integridad Policial acaba de poner en marcha para depurar las filas de la institución.
La purga ya comenzó en el Cauca. El fin de semana pasado fueron capturados 10 uniformados de Timba. Un agente encubierto estableció que cobraban comisiones a narcotraficantes a cambio de permitirles el paso de insumos y precursores químicos hacia el Alto Naya. Allí hay concentración de laboratorios de procesamiento de cocaína.
EL TIEMPO conoció que otra operación similar está en marcha en una ciudad que se ha visto afectada por microtráfico y microextorsión. Al parecer, los uniformados colaboran con esas bandas. Además, en otras ciudades “priorizadas” ya hay procesos formales.
“No permitiremos ningún viso de corrupción, ni que la imagen con la que cuenta la Policía se afecte por cuenta de unos pocos que se han desviado de los principios de ética policial”, dijo el general Santiago Parra, inspector General de la Policía.
El oficial explicó que la estrategia consiste en realizar investigaciones estructurales, en las que se identifiquen alianzas entre policías para ocultar o sacar provecho de un acto ilegal. Esos uniformados no solo serán destituidos, sino que simultáneamente enfrentarán procesos penales ante la justicia ordinaria.
“La misma Policía se encargará de hacer los seguimientos y la judicialización para ponerlos a disposición de la Fiscalía”, dijo el general Parra.
La Policía Nacional tiene en sus filas 158.000 personas, pero solo un mínimo porcentaje se ha visto involucrado en irregularidades en el servicio y en hechos de corrupción.
Cifras de la Policía arrojan que este año han sido capturados 235 uniformados y las investigaciones suman 5.146. Las faltas más frecuentes son concierto para delinquir (nexos con ilegales), violencia contra el servidor público, lesiones personales, hurto y concusión.
Las unidades más afectadas son la Policía Metropolitana de Bogotá, la del Valle de Aburrá (Medellín y su área metropolitana) y Cúcuta, y los departamentos de Chocó, Córdoba y Valle.
En el caso de Bogotá, las faltas están relacionadas con lesiones personales y con pertenecer o colaborar con delincuencia común dedicada al hurto. En Cúcuta, con el contrabando y narcotráfico, y en Medellín, Córdoba y Cali, con nexos con bandas criminales.
Los ojos también están puestos sobre las unidades especializadas, como la Policía Fiscal y Aduanera y las direcciones de Carabineros, Antinarcóticos y de Tránsito. En esta última, por ejemplo, 100 policías fueron desvinculados entre febrero y mayo pasados.
“Hay unidades que son más proclives por la misma dinámica y funciones. Esa vulnerabilidad también ocurre en ciudades o departamentos en los que hay presencia de bandas criminales”, indicó el general Parra.
Y si bien hasta ahora las mayores capturas son de suboficiales, el grupo especial también tiene bajo lupa a oficiales.
“En el escalafón de los grados comprometidos en hechos irregulares es más frecuente el de los patrulleros, subintendentes, auxiliares profesionales, auxiliares bachilleres, agentes, intendentes y intendentes jefes. En los oficiales, son los subtenientes”, señaló la Policía.
Generarán alertas en casos de sospecha
El Centro de Inteligencia de Integridad Policial tendrá también la misión de generar alertas cuando se detecten casos o indicios. Esa será la primera fase, que se alimentará con el uso de polígrafo para cargos sensibles, las visitas a los domicilios de los uniformados y la revisión constante de sus ingresos. Esto hará parte de las tareas de control, pero el nuevo centro también se centrará en la prevención. “La idea es contener esas conductas y que, como ha venido ocurriendo, las investigaciones y quejas sean cada vez menores”, dijo el general Santiago Parra, inspector general de la Policía. Para eso han diseñado campañas internas, como ‘No te pases de la raya’ y ‘Acércate al ciudadano’.
Destinarán $ 250.000 millones contra la corrupción
En máximo dos meses y mediante, un Conpes definirá 115 acciones concretas para invertir 250.000 millones de pesos en la lucha contra la corrupción en el país.
Así lo reveló el secretario de Transparencia de la Presidencia, Rafael Merchán, quien en diálogo con EL TIEMPO se refirió al reciente informe de Transparencia Internacional, el cual advirtió que el 56 por ciento de los colombianos cree que la corrupción ha aumentado en los últimos dos años.
¿Por qué en Colombia sigue aumentando la percepción de corrupción?
Suena paradójico, pero entre más se enfrenta el fenómeno, se genera una percepción de que el problema es mayor. Por supuesto, no nos escudamos en ello, somos conscientes de que es grave y lo estamos enfrentando.
¿Por qué existe una percepción tan alta de que la institucionalidad es muy corrupta?
Podemos estar en un momento en que el mismo Gobierno ha destapado escándalos y eso hace que la percepción crezca, pero más allá de este hecho coyuntural, por supuesto, hay un fenómeno grave de corrupción, pero hay una estrategia integral para combatirla.
¿Cómo han identificado este fenómeno?
Hay que verlo desde una perspectiva preventiva y desde otra punitiva y de castigo. Si alguna de las dos no funciona, la percepción seguirá aumentando.
¿Qué acciones concretas están adelantando?
Algo importante es que en los próximos días se va a sancionar la ley de transparencia, que marca un cambio fundamental en la relación entre el ciudadano y el Gobierno. Ya no vamos a tener a un ciudadano mendigando información, sino a un Gobierno proactivo en darla. También habrá un Conpes que comprometerá a 22 instituciones, en 115 acciones concretas, y que tendrá una inversión de más de 250.000 millones de pesos para combatir la corrupción. Además, para luchar contra la impunidad les propusimos a la Fiscalía y a los organismos de control (Procuraduría y Contraloría) que se facilite el intercambio de pruebas. Hoy, un mismo hecho genera distintos procesos y no estamos compartiendo la información; ahí hay un cuello de botella.
Pero esto debería estar articulado por un grupo investigador para las tres instituciones...
Otra apuesta en la que estamos trabajando es implementar un grupo élite para investigar los casos más graves de corrupción, algo muy similar a lo que se hizo con el tema de la Dian. Ahí hubo una labor coordinada de inteligencia e investigación.
¿Los 250.000 millones de pesos son para invertir en cuánto tiempo?
Es para manejarlos durante cuatro años, porque un Conpes lo que hace es coordinar acciones de distintas entidades. En el caso de este en particular, esas labores se definirán dentro de ocho semanas.
REDACCIÓN JUSTICIA Y POLÍTICA
fuente: http://www.eltiempo.com
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